El juez Federal Javier López Biscayart ya ordenó las primeras medidas en la causa penal donde se investiga el tráfico de armas a Bolivia.
El juez Javier López Biscayart en el fuero penal económico activó las primeras medidas tras recibir la denuncia conjunta del Gobierno por presunto envío de material bélico a Bolivia para apuntalar el Golpe de Estado contra Evo Morales. El magistrado -con la intervención del fiscal Claudio Navas Rial le solicitó al Ministerio de Justicia, el de Seguridad y la AFIP que en 72 horas presenten la documentación a la que hicieron referencia en la denuncia. Parte de esas notas intercambiadas dentro de Gendarmería donde consta que se intentó dar de baja los 70 mil cartuchos aduciendo que habían sido utilizados en “entrenamientos”.
El 15 de noviembre de 2019, Patricia Bullrich firmó dos autorizaciones para misiones destinadas a proteger sedes ante hechos de conmoción. Uno fue Bolivia y otro, en simultáneo, fue en Chile, donde se daban protestas sociales. Al país trasandino, el operativo llevó 7 escopetas y 1.800 balas anti tumulto. Si se las compara, a Bolivia viajaron 3 armas que podían utilizar esos 70 mil cartuchos. No volvió ninguno. De Chile, volvieron todas las municiones sin usar.
Pero otro aspecto a develar, ya que la denuncia apuntó a los registros asentados en el sistema aduanero, es cómo fue registrada la carga del Hércules C-130 que partió desde El Palomar para la misión en territorio boliviano. Es decir, cómo fue el procedimiento paso a paso para verificar la mercadería que transportaban en la salida “temporaria” de material bélico que había sido autorizada por ANMAC, pero que también debió haber tenido su homólogo registro en Aduana, por esto la AFIP es protagonista de la denuncia.
Al momento de los hechos, el Jefe de la Oficina Palomar era Esteban Fornes, quien por la cadena de mandos debió escalar la información respecto a lo que transportaba el avión al jefe de la Sección Operativa Aeroparque, a quien reporta Palomar, a cargo de Pablo Angrehs Melendez.
Todo está bajo la égida -para Aduanas- del Director de la Aduana de Ezeiza, con Ramiro Roibas a la cabeza. Todas estas ramificaciones y reportes escalonados se concentran en el responsable de la Subdirección General Operativa Aduanera Metropolitana que al momento de los hechos y actualmente está ocupada por Javier Zabaljáuregui. Son los funcionarios que pueden dar cuenta de cómo se hicieron las verificaciones y si existió la posibilidad de que hubiese documentos “posdatada” que agreguen una nueva irregularidad al escándalo que surgió desde la cancillería boliviana pero que ha tenido una escalada singular a nivel interno.
El verificador especializado en electricidad completó una “observación” en la copia de papel. En la digitalizada en Aduanas, esa observación desapareció. Misterio.
En la denuncia, están involucrados muchos funcionarios argentinos.
FUENTE: Ambito.
