El macrismo fue un cúmulo de legalidad fraguada: decretos de necesidad y urgencia, resoluciones y disposiciones para perpetuar un desfalco de bienes públicos. Un área específica donde este modus operandi quedó plasmado fue en las ventas de tierras y edificios públicos a empresarios amigos o vinculados al propio Mauricio Macri. La Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crous, lo viene investigando de manera sistemática desde el inicio de la actual gestión. Esta semana, el organismo presentó nuevas pruebas ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi en el expediente que indaga sobre la entrega fraudulenta de los terrenos del bajo viaducto del tren San Martín y Belgrano al Gobierno de la Ciudad y otra causa vinculada al Paseo de la Infanta, con información aportada desde la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En total, la Oficina Anticorrupción investigó y denunció 83 posibles delitos en la venta de tierras e inmuebles con un desfalco hacia el Estado estimado en 146 millones de dólares.
Las subastas de inmuebles durante el macrismo respetaron una misma metodología. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijaba el valor del inmueble y luego la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), conducida por Ramón María Lanús y Pedro Martín Comín Villanueva, reducía el valor de la venta en un promedio cercano al 30%. Quien sugería los retoques en los precios era Ramón García Llorente, director de Gestión Patrimonial de la AABE y primo hermano de Lanús. En la mayoría de las transacciones analizadas por la Sindicatura General de la Nación e incluidas en las diversas denuncias penales de la OA se constató la presencia de un solo oferente por cada operación. Los inmuebles se repartían a dedo.
En promedio, el macrismo convalidó la entrega de tierras fiscales con reducciones artificiales del 33%. En sus diferentes denuncias, la OA describió posibles maniobras fraudulentas en 83 inmuebles con un perjuicio estimado para el Estado de 146 millones de dólares. Todas las pesquisas quedaron acumuladas en una suerte de megacausa en el juzgado de Martínez de Giorgi, que delegó la instrucción en la fiscal Paloma Ochoa. La funcionaria del Ministerio Público Fiscal tendría material probatorio suficiente como para iniciar un llamado a indagatoria.
Fuente: El Cohete a la luna.
