Mientras 2019 bajaba la persiana, desde el gobierno jujeño se pergeñaba una forma de reaccionar contundente, funcional y coherentemente a los trágicos registros nacionales de femicidio, cuya tasa promedio de crímenes de odio hacia las mujeres mantenía a la provincia en posiciones tan altas como desfavorables desde hace varios años, desnudando una evidente falta de políticas orientadas a la prevención. Aprovechando el envión de la Ley Micaela sancionada un año antes, respondiendo a los reclamos del colectivo feminista fue creado un organismo que trabajaría en consonancia con el flamante Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género que todavía administra Elizabeth Gómez Alcorta en la órbita nacional.
l nombre elegido para gerenciar el Consejo Provincial de la Mujer vendría de la cantera partidaria, no precisamente escogida por su proba capacidad de gestión o los pergaminos obtenidos en ámbitos académicos. La banca de Alejandra Martínez como diputada nacional caducaría inminentemente por esa fecha y su re-incursión electoral en Perico a mediados de calendario ratificó el refrán bíblico “nadie es profeta en su tierra”, obteniendo cuando menos un rotundo fracaso en términos de popularidad (cómodo 4to puesto tras novatos y cadáveres políticos aspirando a la intendencia). En una clara devolución de gentileza a quien le rindió holgada pleitesía, Gerardo Morales designó a su correligionaria. La misma funcionaria que en su momento fuera denunciada públicamente por hacer clientelismo político en su pueblo natal, hoy está a cargo de un área sumamente delicada.
Fue erigida velozmente una mega-estructura para hacer lobby, para posicionar a militantes radicales de dudosa idoneidad y hacer caja chica con la plata de los jujeños. Así operan quienes nos gobiernan en Jujuy, lo vemos en distintas oficinas cuyos fastuosos presupuestos no van en consonancia con el gasto operativo que implica ni con los resultados arrojados.
Para el caso puntual que nos compete, la Planilla 22 del vigente presupuesto establece erogaciones corrientes por casi $96.000.000 aunque el 70% del monto está destinado únicamente al pago de salarios. Y como fue informado por JujuyalMomento, llegando incluso a medios nacionales, solo $1.000.000 están destinados al pago de subsidios por femicidio y asistencia económica (idéntica suma para los viáticos) contemplando el pago de una ayuda económica de $20.000 por única vez.
El destrato hacia las víctimas le ha valido a la militante Alejandra Martínez reiterados pedidos de renuncia y escraches en las puertas de su despacho. Casos de extrema gravedad develan una inquietante inacción de los funcionarios que integran el cuerpo de trabajo que encabeza Martínez…Aplaudidores de turno.
Fuente: Jujuy al Momento.
