A Leandro Brizuela le detectaron los primeros síntomas de distrofia muscular a los 17 años, con compromiso respiratorio y cardíaco. Tenía que hacerse un estudio médico en un centro especializado para identificar con más certeza el origen de su enfermedad, antes de comenzar el tratamiento que le mejorara su calidad de vida. Pero la Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC), la más grande de Argentina, no le cubría el análisis médico que había pedido la médica genetista porque no estaba dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO), que incluye solo prestaciones básicas.
La madre de Brizuela, Natalia Saavedra, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), pero el sindicato volvió a rechazarlo con el mismo argumento. “No fue el único estudio al que se negaron. Siempre en la obra social nos daban vueltas”, le dijo a Infobae. Su angustia aumentó ante la perspectiva de que Leandro se quedara sin cobertura médica al cumplir la mayoría de edad, ya que su papá – titular de la obra social – había fallecido. Saavedra golpeó innumerables puertas y, después de una gestión con el intendente de Pilar, Federico Achával, consiguió finalmente hacerse el estudio ante el Hospital Austral de esa localidad bonaerense, donde vive Leandro con su familia. OSECAC tuvo que seguir dándole cobertura médica porque la enfermedad fue detectada aún cuando era menor de edad. Pese al avance progresivo de la patología, Leandro pude recibirse locutor en Balcarce. Recibió su diploma orgulloso en sillas de ruedas.
Ante la consulta de Infobae, desde OSECAC, aseguraron que “la obra social nunca negó la cobertura, sí la prestación, porque no forma parte de la cobertura obligatoria”. Y destacaron que “estos estudios no se realizan en hospitales públicos”. También aseguraron, en su descargo, que a Leandro lo iba a ver “un médico especialista de la obra social para analizar el caso”.
Como el caso de Leandro, se multiplican los reclamos por negativas de las entidades sindicales a cubrir los tratamientos complejos o costosos que están fuera de lo contemplado en el PMO, aún cuando existe un Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para reintegrar a las obras sociales ese tipo de gastos extraordinarios en patologías de baja incidencia. Este Fondo está conformado por un porcentaje -en promedio del 15%- del aporte que los trabajadores en relación de dependencia hacen a las obras sociales (el 3% del sueldo), y el que efectúan sus empleadores (5% del salario). Estos aportes en lugar de ir directamente a las obras sociales pasan por el Estado, que los distribuye con un criterio “solidario” a través de la SSS para garantizar la cobertura del PMO a todos los afiliados del sistema.
Este medio informó ayer que el Gobierno de Alberto Fernández le giró a las obras sociales de ese Fondo, a través de la Superintendencia, $347.206 millones desde el comienzo de su gestión y hasta septiembre último. Fueron USD 3.654 al promedio anual del dólar oficial en concepto de reintegros, compensaciones y subsidios, según un relevamiento realizado por la Unidad de Datos de Infobae en base al análisis de las transferencias a 309 obras sociales informadas por la SSS en su sitio web. Son fondos cuya ejecución cuenta con escasos controles desde el Estado, según denuncia la oposición, y que son eje de una disputa política entre el Ejecutivo y los gremios. Desde los sindicatos reclaman por el retraso en los pagos a las obras sociales y aseguran que el sistema “está colapsado”.
OSECAC, la obra social sindical más grande del país con 1,6 millones de afiliados al sindicato de Comercio que conduce Armando Cavalieri, es la que recibió el mayor monto de transferencias totales del Fondo Solidario de Redistribución. Fueron $49.400 millones desde que Fernández desembarcó en la Casa Rosada. Sin embargo, si se analizan los pagos por afiliado, son $12.051 por cada uno, es decir, desciende casi a mitad de la tabla de las 309 obras sociales analizadas.
Sindicatos clave para el Gobierno, en un contexto de conflictividad gremial por la inflación, aparecen también entre los más beneficiados en montos totales. El ranking de las obras sociales que más fondos recibieron de la SSS está encabezado por varias que pertenecen a gremios manejados por los “Gordos”, los históricos dirigentes sindicales vinculados al peronismo que, a su vez, informan un mayor número de afiliados. Con matices, todos mantienen una buena relación con la Casa Rosada. Esa sintonía es clave en la interlocución para la liberación de los fondos del FSR, que – según denuncian – son “pisados” por el Ejecutivo por sus necesidades financieras y políticas. Desde Economía negaron a Infobae que sea así, y aseguraron “estar al día”.
Además del gremio que maneja Cavalieri hace 36 años, la obra social de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA), a cargo de Gerardo Martínez, y la de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en manos de Andrés Rodríguez, están entre los más beneficiados por las transferencias del Estado. Ambos dirigentes están entre los que mejor sintonía tienen con el Presidente.
La Obra Social del Personal de la Construcción (OSPECON) recibió más de $14.600 millones en concepto de subsidios y reintegros, desde enero de 2020 hasta septiembre inclusive. Tiene 550.000 afiliados. La Obra Social del Personal Civil de la Nación recibió una cifra casi similar, $13.800 millones en el mismo período. Este gremio es otro de los más numerosos, con más de 600.000 beneficiarios para atender en sus centros médicos.
En el top ten de las que más transferencias recibieron, en total, figuran también la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, que tiene más de 800.000 afiliados, según datos oficiales. Le sigue la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas (840.000 afiliados), la Obra Social de Petroleros (460.000), la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (320.000), la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (255.000), la Obra Social del Personal del Organismos de Control Externo (220.000), y la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina (255.000 afiliados). Cada una de ellas recibió fondos que van desde los $6.500 millones a los $14.200 millones.
Fuente: Infobae.
