El Gobierno de Jujuy quiere vender areas naturales y tierras protegidas

Después de que en última sesión de la Cámara de Diputados de Jujuy se aprobara una modificación a la ley provincial 6049que transformó el Área Natural Protegida “Los Diques” en Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, organizaciones campesinas e indígenas volvieron a manifestar su rechazo no sólo a la reciente modificación, sino a la legislación en general, pues afirman que es inconstitucional ya que afecta los bosques nativos de la zona.

La ley 6049 es de 2017 pero la semana pasada la Legislatura jujeña aprobó la modificación de su artículo 17 para que el Estado pueda vender, alquilar o arrendar tierras de la zona de los diques y dispuso que el Ejecutivo provincial será el administrador de esas tierras y el Tribunal de Cuentas, el controlador.

De acuerdo a lo que dicta la ley provincial, la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques puede actuar y regular acciones para la venta de más de 60 lotes en el territorio de los diques y embalses La Ciénaga, Las Maderas, Catamontaña, Los Alisos y Los Molinos, ubicados en el departamento El Carmen, en la región de los valles de Jujuy.

El artículo 17 antes disponía la creación de un fondo fiduciario en el que los posibles compradores de lotes tendrían que depositar el dinero. Pero con la modificación aprobada el miércoles último los compradores ahora tendrían que negociar directamente con la Agencia.

En 2018 la Organización Campesina de Los Perilagos presentó un primer amparo ambiental ante la justicia jujeña, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la ley 6049. Sin embargo, fue rechazado por elSuperior Tribunal de Justicia. Las organizaciones apelaron y el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde se encuentra desde agosto de 2020.

La abogada de la organización, Natalia Peñaloza, dijo a Salta/12 que la modificación del artículo 17 de la ley 6049, propuesto por la dirección de la Agencia y que tuvo el visto bueno de la Legislatura jujeña, se hizo bajo la excusa de que «nadie se presentó a la licitación pública» que se llamó para la venta de lotes, dado que «había muchos trámites burocráticos y había que hacerlo más ágil».

Sin embargo, la Organización de Los Perilagos sostiene que la ausencia de presentaciones se debió al amparo ambiental colectivo. Es que si se declarara la inconstitucionalidad de ley provincial, cualquier comprador que adquiera un lote en estos momentos, «sabe de las consecuencias jurídicas». «Nadie se presentó por el conflicto judicial que hay en el medio», precisó la abogada.

«Insistimos en que esta ley va en contra de todo lo que sería la normativa referida a la protección del ambiente», entendiendo que la zona es considerada una reserva natural de Jujuy, ratificó.

Peñaloza reiteró que la nueva legislación es inconstitucional porque viola los principios de progresividad, pues «se debe dar más protección a las áreas protegidas, pero lo que hizo Morales fue sacarle esa categoría, y desprotegerlos». «Nuestro principio es no retroceder a la protección de nuestros recursos naturales», insistió la letrada.

Por su parte, el director de la Agencia, Víctor Hugo González, dijo a este medio que la modificación del artículo 17 se hizo porque al ser un fondo fiduciario, el banco que lo administraba «se quedaba con gran parte de la recaudación» y «un porcetaje alto». Esto generaba pérdida de fondos para llevar adelante obras de infraesctructura dirigidas a sectores que están «fuera del proyecto» de los diques. A modo de ejemplo, aseguró que se querían realizar obras de agua.

Aún así, en la asamblea del sábado la Organización de Los Perilagos sostuvo que la ausencia de posibles compradores tiene que ver con las medidas judiciales que fueron imponiendo. «Fuimos marcando el camino a la Agencia» sobre cómo presentar nuevos proyectos, contó a Salta/12, Florencia González, integrante de la organización. Sin embargo, aclaró que saben que «presentar alguna medida a nivel provincial es darla por perdida por cómo están funcionando los diferentes aparatos del Estado provincial».

 

Fuente: Pagina 12.