Además de algunos concejales que fueron echados de sus cargos, en Salta hay 18 concejales procesados por defraudación al estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La noticia sacudió en las últimas horas a la provincia de Salta. El juez de garantías Julio Bavio imputó este jueves 27 de agosto a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el presunto cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que está destinado a personas vulnerables que vieron reducidos sus ingresos por las medidas de aislamiento ante la pandemia de coronavirus.
El magistrado lo dispuso en una audiencia luego de que el fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, acusara a los involucrados por haber cobrado indebidamente el subsidio. En su acusación por defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes también se incluyó la imposición de un embargo por 60 mil a cada imputado.
En su imputación, Toranzos recordó que el IFE está dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellas que tenían ingresos precarios y por el impacto provocado por la pandemia.
Por ello, la Fiscalía evaluó que los acusados conocían que no podían cobrar el IFE, ya que se encuentran en una relación laboral de dependencia y son funcionarios públicos con sueldos que van desde los 20 a 60 mil pesos.
Días atrás, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también repudió el hecho y pidió a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con el peso de la ley.
«Repudio la actitud miserable de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio. Le pido a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con todo el paso de la Ley», afirmó el mandatario provincial en su cuenta de Twitter.
