En Jujuy, silencio, complicidades del Oficialismo y la Oposición. Todos siguen en sus cargos.
Los cuerpos deliberativos de los municipios no avanzan en resolver la expulsión -o al menos la suspensión- de los concejales acusados de tramitar el IFE.
Los cuerpos deliberativos de Jujuy no avanzan en promover acciones contra los investigados por tramitar el IFE.
Si bien no tienen la facultad de evaluar hechos judiciales, sí pueden evaluar hechos políticos.
La gran mayoría de los concejales elige hacer silencio, salvo algunas excepciones que expresaron su malestar pero queda en palabras o intenciones que rápidamente se disuaden.
La política a nivel nacional está asistiendo a un hartazgo por parte de la sociedad, que le comienza a exigir a sus funcionarios que trabajen o renuncien.
Son muchas las situaciones que ponen en tela de juicio a quienes hoy ocupan cargos de poder, entre las más graves se pueden enumerar hechos de corrupción y fraude al Estado que atraviesan a todos los estamentos de la política y que no debieran naturalizarse, al contrario. Los dirigentes que incurren en actos ilícitos debieran ser inmediatamente expulsados del sistema por burlar a la ciudadanía y la función pública para la cual resultaron electos.
El intento de funcionarios jujeños por cobrar el IFE es solo un ejemplo del mal proceder político, tanto por parte de los investigados, como de aquellos que no avanzan en resolver la expulsión o al menos la suspensión temporal sin goce de haberes de los apuntados.
Los cuerpos deliberativos no tienen la facultad de evaluar hechos judiciales, pero sí hechos políticos. Entonces, independientemente de que la Justicia Federal ya se encuentra investigando este presunto fraude a la administración pública, por qué la política no actúa en defensa de la honorabilidad de esta institución parlamentaria. La gran mayoría de los concejales elige hacer silencio, salvo algunas excepciones que expresaron su malestar pero queda en palabras o intenciones que rápidamente se disuaden.
Agustín Mayaregua, concejal de Caimancito y Santiago Ezequiel Maidana, de Huacalera, efectivamente habrían cobrado el IFE, pero además hay otros concejales que intentaron hacer el trámite pero resultaron rechazados por ANSES para recibir este ayuda de $10.000 pesos.
En el caso de Perico donde un edil está siendo investigado por este ilícito -que es grave más allá de que haya cobrado o no- el Concejo Deliberante no cuenta con los votos necesarios para resolver alguna acción.
El concejal Edgardo Sosa manifestó en Radio 2, «No tenemos el número suficiente para poder impulsar medidas similares al cien por cien del resto de los concejos deliberantes del país que han actuado. Hoy tenemos solo tres opiniones que consideran que el investigado debería dejar su cargo, contra cinco opiniones consideran que no».
Más allá del número, lo correcto sería que el proyecto ingrese para que cada concejal pudiera explicar su voto y la comunidad conozca sus razones.
No obstante Sosa expresó que no es un tema menor que alguien haya iniciado el tramite del cobro del IFE y que si fuera una cuestión tan simple no estaría la justicia federal investigando.
Fuente: Jujuy al Momento.
