La provincia de Jujuy se encuentra conmocionada por el escándalo que envuelve al denominado caso “Residencial Ranys”, una causa judicial que investiga denuncias de explotación sexual de menores, abuso, corrupción de menores y posible trata de personas en un establecimiento ubicado en las inmediaciones de la antigua terminal de ómnibus.
Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando se realizaron allanamientos tras recibir denuncias que señalaban que adolescentes entre 15 y 17 años eran captadas y obligadas a prostituirse dentro del residencial. La investigación reveló indicios alarmantes sobre el funcionamiento de una posible red de explotación sexual organizada.
Uno de los hechos más perturbadores ocurrió el 19 de noviembre, cuando fue hallado sin vida Federico Matías Agudo, trabajador del lugar. Su muerte, en principio atribuida a un suicidio, generó aún más sospechas en torno a la causa.
La causa pasó al fuero federal y liberaron a los detenidos
Inicialmente tramitada en el fuero provincial, la causa fue derivada a la Justicia Federal, bajo el juzgado del Dr. Esteban Hansen y la fiscalía de Federico Zurueta, al confirmarse que los delitos investigados podrían encuadrar como trata de personas, un delito federal.
No obstante, la causa dio un giro polémico: en enero de 2025 fueron liberados todos los detenidos (alrededor de 26 personas) por vencimiento de plazos procesales, sin que se formularan imputaciones firmes en tiempo y forma. Esta situación generó indignación pública y fuertes cuestionamientos a la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.
Renuncias, auditorías y críticas al MPA
La crisis institucional escaló cuando se inició una auditoría interna contra los fiscales provinciales Walter Hugo Rondón y Rodrigo Fernández Ríos, quienes llevaron adelante la instrucción inicial. La Auditoría General de Gestión del MPA investigó su desempeño por presuntas negligencias o irregularidades que podrían haber facilitado la liberación de los sospechosos.
El caso sigue abierto en la Justicia Federal
Actualmente, el expediente continúa bajo investigación en el ámbito federal, donde se esperan nuevas medidas judiciales que podrían incluir imputaciones formales, declaraciones testimoniales y análisis de pruebas sobre una presunta red de trata de personas con epicentro en pleno centro jujeño.
Organizaciones de derechos humanos como La Alameda y sectores del ámbito jurídico nacional han advertido sobre la necesidad de profundizar la línea investigativa desde la perspectiva de trata, alertando sobre posibles vínculos con redes más amplias y la falta de respuestas institucionales a la altura de la gravedad de los hechos.
Una causa que interpela al sistema judicial y político jujeño
El caso Residencial Ranys no solo expone una trama oscura de abuso y explotación, sino que ha puesto en evidencia serias deficiencias en la actuación del Ministerio Público Fiscal de Jujuy, la falta de coordinación entre jurisdicciones, y la urgencia de dotar a la justicia de herramientas eficaces frente a delitos tan complejos como la trata de personas.
Fuente: reconstrucción propia con información de medios locales como Jujuy Dice, El Submarino, Nuestro Jujuy, declaraciones del MPA y reportes judiciales oficiales.
