En la foto, tomada en 2016, se observa a la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, junto a la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el operador judicial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, saliendo de la casa de Julio Conte Grand.
Una fotografía tomada en 2016 es clave para reconstruir el armado de la mesa judicial bonaerense, cuyo funcionamiento fue puesto en evidencia con la filtración de la grabación de una reunión entre funcionarios de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la sede porteña del Banco Provincia, donde se habla de perseguir políticamente a sindicalistas.
En la imagen se observa a Vidal junto a la entonces diputada Elisa Carrió y el operador judicial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, saliendo nada menos que de la casa de Julio Conte Grand.
A raíz de la investigación de la «Gestapo Antisindical», un audio clave reveló cómo era el armado de jurídico de la causas. Pertenece al subcomisario y contador Hernán Casassa, quien encabezó personalmente más de cien allanamientos a opositores.
Casassa admitió que en la Provincia de Buenos Aires funcionaba una mesa judicial, que se reunía en el Ministerio de Seguridad en La Plata, otras veces en la misma sala del video en el Banco Provincia en CABA, y en algunas oportunidades también en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), frente a la Casa Rosada. La integraban -según consigna en los audios- la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro Cristian Ritondo, el procurador Gerardo Conte Grand y el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai.
En uno de los audios, Casassa relata el modus operandi: “Con respecto a cómo viene Asuntos Internos, que es exactamente la oficina en la que, por orden de Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los informes económicos Nosis, hablaba con la UIF (Unidad de Información Financiera), pedía información de todos lados. Y eran los que, con el fiscal de Avellaneda, lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de (Elisa) Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era Provincia, era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. Es así”.
En tanto, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso nacional rechazó el pedido del procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, para declarar de forma escrita en la citación pautada a propósito de su presunto involucramiento en el caso que salió a la luz por el hallazgo de videos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que revelaron una reunión que data de junio de 2017 en una oficina del Banco Provincia.
En este sentido, el cuerpo legislativo reprogramó la convocatoria y lo volvió a citar para el 27 de enero a las 12:00, a fin de que de explicaciones luego de que el ex ministro de Trabajo bonaerense de Cambiemos, Marcelo Villegas, lo señalara como partícipe de un supuesto entramado para fabricar pruebas contra el jefe de la seccional platense de la UOCRA, Juan Pablo «Pata» Medina, quien tres meses más tarde de esa reunión iría preso.
«Lejos de constituir la solicitud en cuestión parte de un proceso de características penales, sino que, por el contrario, responde a la labor de control parlamentario propio del sistema democrático, no resultan procedentes al caso las prerrogativas que la legislación procesal dispone para determinadas investiduras frente a un requerimiento jurisdiccional, al concederles la posibilidad de dar cuenta por escrito quedando exceptuados de la obligación de comparecer», argumentó la comisión en la denegación de la solicitud de Conte Grand.
FUENTE: Ambito.
