A través de un decreto, Capitanich facultó a las empresas estatales de servicios públicos a verificar el consumo de los usuarios denunciados y a restablecer el servicio una vez que paguen la multa por incumplir las restricciones impuestas por la pandemia.
Las celebraciones aun siguen habilitadas pero solo pueden realizarse cumpliendo un protocolo que define cantidad de personas, una duración determinada y la implementación de medidas de bioseguridad.