Un operativo con más de 50 efectivos policiales intentó desalojar a la familia Ibáñez, que ocupa desde hace cuatro generaciones una parte de la Finca El Pongo, sin que aún existiera una resolución judicial definitiva que avalara la medida, advierte el sitio Jujuy Dice.
La operación fue supervisada por la juez de primera instancia, Alejandra Torres, con apoyo de la juez de Paz, Silvana Moreira, en un predio de 37 hectáreas. El terreno está siendo afectado por la expansión de la Zona Franca impulsada desde el gobierno provincial. El procedimiento incluyó allanamientos al domicilio familiar y se realizó sin notificación previa, lo que obligó a las abogadas Silvana Llanes y Alejandra Cejas a actuar de manera urgente
Según relatan desde la familia, durante el operativo no hubo aviso, sino una presencia policial masiva:
“Aprovechan la feria para venir a adueñarse”, denunció Griselda Ibáñez, quien enfrentó el desalojo en soledad mientras defensoras legales tramitaban su intervención Jujuy Dice.
El conflicto comenzó en octubre de 2023, cuando el entonces gobernador Gerardo Morales cedió una porción del terreno (300 m × 30 m) para que la empresa Tsingshan Mining Development S.A., dedicada a la explotación de litio, ocupase parte del predio —zona de bosque nativo habitada por la familia desde 1923— situación que desencadenó un proceso legal en curso.
El fiscal de turno de San Pedro realizó una inspección ocular en el lugar tras el desalojo, mientras que Griselda sostiene que existen “muchos errores en el caso del territorio” y advierte que la intervención judicial “parece buscar beneficiar a terceros que ya tienen esas tierras vendidas”.
Fuente jujuy Dice
