¿Por que el Peronismo no quiso estar en la CONADEP cuando se investigaron los secuestros y desaparecidos?
Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional de Desaparición de personas cinco días después de haber asumido la presidencia y designó a 16 figuras intachables para que recibieran las denuncias sobre los horrores vividos en la dictadura. El 20 de septiembre de 1984 entregaron su informe. Ningún dirigente peronista se sumó.
Habían pasado apenas cinco días desde que Reynaldo Bignone le daba los atributos presidenciales a Raúl Alfonsín. La imagen lo decía todo: el dictador, erguido, le sacaba más de una cabeza al dirigente de Renovación y Cambio porque el hombre de Chascomús prefirió mirar al piso antes que cruzar la mirada con el último de los cuatro generales que habían estado al frente de la Casa Rosada y sembrado el terror en el país.
Habían pasado cinco días de aquel sábado 10 de diciembre, histórico, en el que Alfonsín hablaba desde el balcón del Cabildo a una multitud incalculable que vivaba la democracia y no podía creer que volvieran la libertad a la Argentina y los militares a los cuarteles.
Aquel caluroso jueves 15 de diciembre, el flamante presidente firmó el decreto 187, un paso realmente audaz: creaba la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) a través de un texto muy breve en el que designaba a 16 personas de trayectoria intachable para que, en un lapso de 180 días, recibieran denuncias sobre secuestros y centros clandestinos de detención.
El texto establecía que esa comisión solo colectaría documentación y denuncias. Luego, el material sería entregado al Poder Judicial. La Conadep, tras eso, se disolvería. Alfonsín tuvo la precaución de que Antonio Tróccoli, ministro del Interior, estampara su firma al lado suyo. Era una jugada de ajedrez: Tróccoli era de Línea Nacional, el ala conservadora del radicalismo, un sector que había colaborado con muchos de los 300 intendentes que ese partido le facilitó a la dictadura al aceptar continuar al frente de sus municipios sin que rigiera la Constitución. Tampoco cabe piedad para los más de 150 intendentes de origen peronista que decidieron ser parte de aquel gobierno de facto.
La Conadep estuvo integrada, entre otros, por la madre de un desaparecido –Graciela Fernández Meijide-; por un obispo –Jaime de Nevares– enfrentado a una jerarquía eclesiástica colaboradora de la dictadura; por un rabino –Marshall Meyer– y por un pastor evangélico –Carlos Gattinoni-, ambos luchadores por los derechos humanos; por dos académicos de nota –Gregorio Klimovsky e Hilario Fernández Long-; por una periodista –Magdalena Ruiz Guiñazú– que desde Radio Continental denunciaba las aberraciones y no le importaba el costo que podía pagar-; y por un escritor destacado –Ernesto Sábato-, quien poco después de asumir Jorge Videla aceptó participar de un almuerzo con el dictador, aunque luego se convertía en un fuerte opositor.
Por un tiempo participó el cardiocirujano René Favaloro, quien renunció porque se opuso a que esa comisión no recibiera las denuncias de los crímenes de la Triple A cometidos durante el gobierno de Juan Perón y, sobre todo, de María Estela Martínez de Perón.
Había además cuatro militantes radicales: Eduardo Rabossi –filósofo- y los diputados Horacio Huarte, Hugo Piucill y Santiago López.
Y los peronistas, ¿dónde estaban?
Las paradojas de la historia no son pocas y las estrecheces de la política suelen ser mucho más. Si un número muy elevado de desaparecidos eran militantes peronistas, ¿por qué no hubo en la Conadep representantes de ese sector?
El martes 13, dos días antes de la creación de la Conadep, Alfonsín firmaba otro decreto –el 157- que promovía la acción penal no solo contra las juntas militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, sino contra «las cúpulas de las organizaciones guerrilleras» que actuaron «desde el 25 de mayo de 1973».
Eso significaba que Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros así como Enrique Gorriarán Merlo (del PRT-ERP) tendrían pedido de captura en forma inmediata. Ese decreto materializaba la llamada «teoría de los dos demonios» con la cual el líder radical pretendía posicionarse lejos de la violencia política de los años precedentes. Esa teoría era una simplificación de los oscuros y complejos caminos de los golpes militares y los procesos de resistencia a lo largo del siglo XX en la Argentina. Complejos aun para los radicales, surgidos al calor de la Revolución del Parque de 1890 y que años después, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se creaba la Liga Patriótica, un grupo parapolicial que actuó en la Semana Trágica, en el primer Pogrom contra los judíos (ambos en enero de 1919) así como en la represión a las huelgas patagónicas (1920-1921).
Más allá de los debates históricos, los integrantes de la Conadep fueron nombrados por el Presidente y las conversaciones –abiertas e informales- con los peronistas fueron contrarreloj y no llegaban a buen puerto, de modo que Alfonsín prefirió una Conadep que prescindiera de la oposición. No quiso un largo y quizá desgastante debate.
Por su parte, «los organismos de derechos humanos», la mayoría integrada por familiares directos de los desaparecidos, aportaron todos los datos que habían registrado en años de resistencia. Incluyendo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el emblema que recorrió el mundo sobre lo que sucedía en la Argentina. Sin embargo, cuando los familiares de los desaparecidos iban a la sede del teatro San Martín a concretar las denuncias, omitían la pertenencia política de las víctimas, la mayoría enrolados o simpatizantes de organizaciones revolucionarias. Omitían los datos no solo por la persistencia del terror reinante sino por el decreto del 13 de diciembre que ordenaba enjuiciar a militantes montoneros o del PRT-ERP.
La izquierda peronista -representada en Intransigencia y Movilización Peronista desde fines de 1982- denunció la política de Derechos Humanos como una maniobra del nuevo gobierno. Y si la Conadep creaba una cuña hacia la izquierda peronista, más difícil fue para la derecha justicialista digerir este asunto. Basta con recordar que el candidato presidencial del peronismo, Ítalo Luder, había sido presidente interino entre septiembre y octubre de 1975 por «el pedido de licencia» de la viuda de Perón.
En ese interín firmó los «decretos de aniquilamiento» de las organizaciones armadas, convertidos en el prólogo del golpe de Estado de 1976. Y aún antes de esos decretos, la Triple A -comandada por el ex secretario privado de Perón, José López Rega- actuó bajo el ala del gobierno eliminar adversarios, promover el exilio de opositores y aterrorizar a la población.
La propia Conadep, en su informe final, consignó que 359 personas habían sido desaparecidas por la Triple A y otros grupos parapoliciales.
Vasos comunicantes dentro del peronismo
La decisión de «recuperar las Malvinas» por parte de una junta militar que no podía contener la protesta popular subterránea y tenía en llamas la economía fue, al mismo tiempo, una reivindicación histórica y una aventura que terminó en tragedia.
Alfonsín fue uno de los tantos que, en los primeros días, también elogió el «Operativo Rosario» del 2 de abril de 1982. Sin embargo, en los días siguientes cambió el rumbo y decidió no asistir a la asunción de Mario Benjamín Menéndez como gobernador de las islas. El resto de los dirigentes nucleados en la Multipartidaria sí viajaron a Puerto Argentino. El propio Oscar Alende, de reconocida trayectoria combativa, fue uno de ellos. Muchos de los líderes montoneros dieron su apoyo a la recuperación de Malvinas. Incluso el propio Enrique Gorriarán Merlo, del PRT-ERP, propuso enviar miembros de la organización para sumarlos a quienes combatían en Malvinas.
Quedará como un desafío reconocer y recordar que la figura de los derechos del hombre (luego modificada por «derechos humanos») fue creada para hacer memoria sobre el Holocausto y no solo para honrar a las víctimas sino paracrear valores que permitan terminar con el terrorismo de Estado, la violencia política, la discriminación, la xenofobia y para que los Estados promuevan los valores y las normas que terminen con las desigualdades.
FUENTE: Infobae.
