Fue tal el apuro del gobierno de Mauricio Macri para mandar los gendarmes a Bolivia –y las municiones con ellos– que obviaron algo esencial: que salieran con un plan de operaciones sobre lo que debían o no hacer en el país vecino. La información surge del sumario interno que llevó adelante la fuerza y da cuenta de la violación de los reglamentos y de la falta de planificación del despliegue en un país que estaba atravesando un golpe de Estado.
La investigación, que ya está en poder de la justicia que investiga el contrabando agravado hacia Bolivia, apunta hacia un grupo de gendarmes y muestra que fue el entonces comandante de esa fuerza, Gerardo Otero, quien dio las órdenes de desplegar a los alacranes en La Paz y de sacar los proyectiles que terminaron en poder de las fuerzas que apoyaron el golpe contra Evo Morales. el excanciller Jorge Faurie y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros.
Todos los datos apuntan a confirmar el contrabando, pero sobre todo la colaboración del gobierno de Macri con el golpe de Estado y las consecuencias que trajo para Bolivia. Datos y pruebas que desnudan el repudiable objetivo de Macri y su gobierno que, como dijo el ex-vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, envió «armas y gases» a Bolivia «en vez de mandar alimentos y medicamentos».
Las 70.000 balas antitumulto 12/70 que se repartieron entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía de ese país salieron por pedido del comandante de esa fuerza, Otero, un hombre de confianza de la entonces ministra Bullrich. Ésa es la conclusión que surge de los descargos que hicieron internamente –a los que accedió Página/12— Fabián Manuel Salas, el jefe del grupo Alacrán que viajó a La Paz, y de Rubén Yavorski, el entonces director de Logísticaque tramitó la salida del material bélico ante la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMaC) antes del 12 de noviembre de 2019, cuando se embarcó al primer contingente de gendarmes en un Hércules de la Fuerza Aérea.
“Las declaraciones de los gendarmes confirman cómo bajo el pretexto de custodiar la embajada Argentina en La Paz, Macri y Bullrich los utilizaron como mulas para contrabandear un arsenal para apoyar el golpe de estado en Bolivia”, sostiene el ministro de Justicia Martín Soria. “El avance de la causa vuelve a mostrar lo que son, cínicos y peligrosos que se llenan la boca hablando de la república, pero cuando no estaban espiando gente o endeudándonos a todos, estaban apoyando militares golpistas”, añade.
La documentación está en manos del juez Alejandro Catania, que está a cargo de la causa junto con el fiscal Claudio Navas Rial. Los dos investigadores esperan que llegue información que requirieron a Bolivia para avanzar con el expediente que no solo tiene a Otero y a otros gendarmes entre los imputados, sino que también alcanza a Macri y a gran parte de su gabinete. La causa se inició en julio de este año con una denuncia que presentaron Soria, la entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.
La responsabilidad de Otero
Otero fue probablemente el jefe de las fuerzas de seguridad con mayor proximidad a Bullrich, tanto que le obsequió un sable grabado con la frase de que no iba a tirar un gendarme por la ventana cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido. Hay dos testimonios de sus subordinados que le apuntan con claridad como quien dio las órdenes para sacar los proyectiles que terminaron en poder de la FAB y de la Policía Boliviana: el de Salas y el de Yavorski.
Salas relató en el sumario que, para noviembre, envió dos contingentes del Grupo Alacrán fuera del país: uno a Chile y otro a Bolivia. Las dos salidas le fueron pedidas por Otero, de quien dependía directamente el Grupo Alacrán. Una de las curiosidades es que el grupo que viajó a Chile lo hizo en un avión comercial de Aerolíneas Argentinas, mientras que el que fue a Bolivia lo hizo en un Hércules de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? La respuesta probablemente sea por la cantidad de balas, gases y granadas que llevaron esos gendarmes para dejar en manos de las fuerzas bolivianas — y para evitar mayores controles–.
El 12 de noviembre de 2019, antes del embarque del contingente hacia Bolivia, se tramitó un pedido para ampliar la cantidad de proyectiles que saldrían del país. Según dejó en claro Salas, él no lo pidió ni por escrito ni oralmente. La otra declaración que apunta hacia la responsabilidad de Otero es la de Yavorski, quien estuvo a cargo de las autorizaciones ante la ANMaC. Yavorski declaró que respondía a instrucciones de la superioridad institucional y que muchas de esas órdenes eran verbales y después se traducían en documentos.
El pedido para ampliar la salida de los arsenales se cursó después de una reunión en la Casa Rosada en la que participó Otero al mediodía del 12 de noviembre de 2019. Los gendarmes partieron al filo de la medianoche hacia el aeropuerto de El Alto. Al día siguiente, Otero envió un sobre cerrado a la embajada de Bolivia en Buenos Aires que iba destinado al jefe de la policía local. No se sabe qué contenía el sobre, pero es posible que fueran los detalles del envío.
El rol del embajador
La policía de Bolivia identificó a Adolfo Héctor Caliba como la persona que gestionó la entrega de los proyectiles a esa fuerza. Caliba era el oficial de enlace de la Gendarmería con la policía boliviana. Sin embargo, en el sumario, Caliba se hizo el desentendido.
En su declaración ante la Gendarmería, Caliba dijo que fue la embajada –a cargo de Normando Álvarez Garcia– la que gestionó el ingreso temporal de los efectos de arsenales a Bolivia y la que también le pidió a él que consiguiera que una comitiva de la policía boliviana los acompañara cuando iban al aeropuerto a esperar a los gendarmes. Se entiende que fue allí cuando se produjo la entrega de las balas y los gases. El embajador también estuvo presente mientras los gendarmes bajaban del Hércules y los familiares de los diplomáticos se subían con destino a la Argentina. Inicialmente Álvarez García había descargado su responsabilidad en Caliba, pero ahora queda claro que las versiones son contrapuestas.
Caliba, a su estilo, ratificó lo que ya se sabía: que las balas no se usaron en entrenamientos, como inicialmente informó la Gendarmería para justificar el faltante de los 70.000 proyectiles.
Fuente: Pagina 12.
